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LAS COMPAÑÍAS LUCHAN CONTRA LA DEMORA DE LA ADMINISTRACIÓN

NUEVA NORMATIVA/ La Ley de Morosidad obliga al Gobierno a solventar los pagos a los proveedores en un plazo de 30 días, pero los expertos dudan de que se cumpla.
 
Predicar con el ejemplo. Ésa fue la petición que elevó, a mediados del pasado abril, el Tribunal de Cuentas al Gobierno de España. La institución exigió, en su informe de Fiscalización de la contratación del sector público, que la Administración central adopte las medidas necesarias para el “más riguroso cumplimiento” de los plazos establecidos para la certificación o recepción de los contratos y su pago. Esta petición deriva de la obligación que tendrá la Administración a partir de 2013, cuando sólo tendrá 30 días para pagar a los proveedores, tal y como fija la Ley de Morosidad aprobada en julio de 2010.
 
El incremento de la morosidad, aparejado al deterioro de la situación económica, ha sido la gran rémora de bancos y empresas españolas desde el inicio de la crisis.
Las administraciones públicas tampoco han resultado indemnes en el maltrecho escenario económico del país y, cada vez más, padecen dificultades para asumir sus compromisos de pagos en los plazos acordados. Esto ha puesto a muchas compañías, especialmente pymes, en una situación bastante compleja que afecta a su liquidez.
 
Demora
 
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM) ha expresado sus dudas sobre la capacidad del Estado para cumplir con los nuevos plazos establecidos por la Ley. Las instituciones públicas demoraron durante 2010, aún más, sus pagos a los proveedores.
Según los datos recopilados por PMCM. el plazo de cobro medio real del sector público subió de 154 a 157 días, el año pasado.
 
Además, las crecientes tensiones en torno a la deuda de as corporaciones municipales, por las restricciones impuestas por el Gobierno para la refinanciación de sus déficits, han incrementado los temores a que muchos ayuntamientos no puedan hacer frente a sus obligaciones.
Esta situación obliga a las empresas y a los autónomos proveedores de las administraciones públicas a poner en marcha una serie de mecanismos para minimizar los riesgos comerciales, gestionar de una forma óptima la morosidad y lograr mayor efectividad en las reclamaciones de impagados.
Grandes firmas, pymes y entidades financieras se han visto obligadas a agudizar el ingenio para lograr una eficaz gestión de la morosidad. La demanda de compañías especializadas en el recobro de impagados se ha disparado en los últimos tiempos, por encima del 50%.También, en ocasiones, se ha recurrido a la contratación de detectives para hacer un seguimiento de los clientes en demora.

La nueva Ley de Morosidad presenta ante los proveedores de las administraciones públicas un nuevo escenario en el que deben explorar las distintas vías para minimizar sus riesgos demora.
 
Un pesado lastre
  
*La morosidad se ha destacado como uno de los principales problemas a los que han tenido que hacer rente los bancos y las empresas españolas durantea crisis.
* La demora en los pagos de las Administraciones Públicas a sus proveedores ha puesto en dificultades amuchas empresas, principalmente, pymes.
*Las crecientes tensiones en torno a la deuda de los ayuntamientos, tras las restricciones del Gobierno a la refinanciación de sus déficits, incrementan el temor a los impagos.
* La nueva Ley de Morosidad pretende que el sector público solvente sus deudas en un máximo de 30 días, pero los expertos dudan de que se cumplan estos plazos.

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